JUICIO FORMOSA

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jueves, 5 de marzo de 2009

Dilaciones...

Compartimos una Nota de Rodolfo Yanzon sobre las "dilaciones". Explica gran parte de lo que nos pasa.

El país|Jueves, 5 de Marzo de 2009

Opinión

El riesgo de más dilaciones

Por Rodolfo Yanzón *

En relación con lo dicho por la presidenta Fernández de Kirchner respecto de los juicios por crímenes de lesa humanidad, a la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la nota de Carlos Slepoy del 23 de febrero pasado, opino que a casi seis años de reabiertos los juicios, cualquier medida que implique debate parlamentario derivará en más dilaciones. Para evitar mayores dilaciones necesitamos tribunales conformados por jueces conscientes de que estos juicios no tienen marcha atrás y que aquellos que no estén a la altura de las circunstancias deberán rendir cuentas. La garantía esencial para avanzar es el reclamo permanente de los sectores que siempre han exigido juicio y castigo. El Estado –del que los jueces son parte– debe actuar en consecuencia. Los juicios están sumidos en una injustificada demora, producto de cuestiones estructurales (el sistema penal no está preparado para casos complejos) pero también de silencios, cobardías y complicidades.

Los juicios deben reordenarse. No hay duda. Para ello no se necesitan leyes (con debates que pueden durar meses y años y ser frutos de negociaciones que poca o ninguna relación tengan con los derechos humanos, y cuyos resultados nadie puede asegurar), sino voluntad política del Estado. A seis años de reiniciados los juicios, la principal responsabilidad es de los jueces, fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe tomar las riendas sobre la reorganización de los tribunales, agilizar y realizar juicios integrales y preservar a los testigos; sobre la modalidad en que serán llevados a cabo, como su verdadera difusión. Para ello sólo se necesitan decisiones de superintendencia y disponer con urgencia qué tribunales serán los que intervengan en cada juicio. También es responsabilidad del Consejo de la Magistratura –integrado por hombres del Gobierno– que debe monitorear, juzgar y eventualmente sancionar a los jueces que no actúen a favor del avance de estos procesos. Los fiscales deben realizar informes periódicos para que la comunidad pueda conocer el estado de las causas a nivel nacional. En su caso, presentar las denuncias que correspondan por demoras indebidas o la existencia de otros obstáculos. El Poder Ejecutivo tiene la misión de acompañar y propiciar las decisiones políticas y fundamentalmente proteger, asistir a los testigos.

Carlos Slepoy mencionó implícitamente un punto que comparto y es que los jueces, así como son rigurosos al momento de procesar y enviar a juicio a un ladrón de poca monta, son extremadamente meticulosos a la hora de sentar a estos criminales en el banquillo. En realidad, deberían ser meticulosos con todo el mundo en vez de lo contrario (los jueces penales han sido creados para domesticar a quienes ponen en peligro el derecho de propiedad; nuestra exigencia de juzgar a estos criminales es, digámoslo, tomado como una irreverencia producto del avance y de la lucha, pero irreverencia al fin). Nada de ello hace que nos tengamos que conformar con poco, sino comprometernos a señalar las dilaciones y obstáculos, denunciar a sus responsables y reclamar jueces a la altura de las circunstancias. Y a seguir trabajando contra la impunidad, porque si alguno pensó que nos íbamos a encontrar con juicios ideales, hizo una mala lectura del Estado y las consecuencias de la dictadura. Mas allá de matices, acercarnos a ese ideal es la consigna compartida con mi entrañable amigo Carlos Slepoy, a quien tanto debemos y de quien tanto más esperamos.

* Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.

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lunes, 2 de marzo de 2009

Weblogs de las Causas . CELS Juicios

De interés para todos, buen enlace, si bien no aparece información de Formosa, en lo atinente a la Causa Carrillo. Ampliaremos. Atender al Gráfico Inicial: 191 Fallecidos (en Formosa: Alturria, Sabadini, Plechot, Ruggiero, entre otros) , 44 Prófugos (Formosa:Ex Comandante de Gendarmería HORACIO RAFAEL DOMATO), 15 sobreseídos y 17 con falta de mérito (Formosa: Dominguez"Capitán Granadina" Linares, Darío Alcides Solís, Ex Comisario Ferreyra, etc...).
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Causas

Este blog informa sobre las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas militares, de seguridad y civiles durante la última dictadura militar en todo el país. La selección de causas que presentamos remite a aquellas en las que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) es parte.

En el blog podrá leerse tanto información básica y documental respecto de los casos que lleguen a juicio, como la cobertura de las audiencias en aquellos en los que se esté realizando el debate


El día 18 de diciembre de 2007 se conoció la sentencia de esta causa, en la cual se condenó a penas de entre 20 y 25 años de prisión a altos jefes militares, responsables de la desaparición de una veintena de militantes de la organización Montoneros, que reingresaron al país desde el exilio para llevar a cabo la denominada "contraofensiva" en 1980. Los miembros de ese grupo cuyo caso fue parte del debate son: Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros continúan desaparecidos.

La investigación se dirigió principalmente a determinar la actuación de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en el secuestro y posterior desaparición de estas personas, en especial el rol del Batallón de Inteligencia 601.

Fue en el marco de esta causa que el juez federal Claudio Bonadio declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y transformó en prisión preventiva la detención de varios ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad.


La megacausa conocida bajo el nombre de "ESMA" (Nº 14.217/03) corresponde a los hechos cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Como involucra a más de 5000 víctimas y más de 120 represores, no es posible que sea juzgada en un único juicio, si bien eso sería lo ideal, pues la ESMA es uno de los centros clandestinos en los que se evidencia con mayor claridad el plan de exterminio y la perversidad con la que actuaron los responsables.

Al mes de enero de 2009, si bien ya han sido elevadas a juicio siete partes del extenso expediente – todas radicadas en el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, integrado por los jueces Guillermo Andrés Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado – más allá del fallido debate en el que se juzgó al fallecido prefecto Héctor Febres, aún ningún tramo de la causa ha llegado a juicio oral, y no se espera que lo hagan hasta el 2010.

En esta causa, el CELS es querellante y patrocina a las familias de Mónica Mignone, María Marta Vasquez Ocampo, Edith, Abraham, Betina y Sergio Tarnopolsky, Fernando Brodsky, Pablo Lepíscopo, Alcira Hidalgo, Ariel Ferrari, María Mercedes Bogliolo, Gustavo Alberto Grigera, Ernesto Berner y a las sobrevivientes Marta Alvarez y Graciela García.


La megacausa conocida bajo el nombre de "Primer Cuerpo" (Nº 14.216/03) corresponde a los crímenes cometidos en más de 60 centros clandestinos de detención en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército que abarca la Capital Federal y provincias de La Pampa y de Buenos Aires, a excepción del circuito de la Policía Bonaerense.

La investigación de esta causa está a cargo del juez federal de primera instancia Daniel Rafecas. El 10 de febrero de 2009 comenzará un nuevo debate oral llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, en el que se juzgarán los hechos por los que se responsabiliza a Jorge Olivera Róvere, Jefe de la Subzona Capital Federal en 1976 y a los llamados "Jefes de Area", los coroneles (r) Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez, el general de brigada (r) Teófilo Saa y el teniente coronel (r) Felipe Alespeiti.

En el marco de esta causa se encuentran elevados otros casos que llegarán a juicio con posterioridad. Se trata de las partes del expediente que corresponden a los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo, El Vesubio y Automotores Orletti, a los casos de represión en la provincia de La Pampa, y, finalmente, la investigación de los secuestros y desapariciones de trabajadores del Hospital Posadas en marzo de 1976.

Se trata de una megacausa con más de 90 imputados, entre los cuales 6 han sido ya condenados, uno absuelto, 40 se encuentran procesados, casi el 50% de ellos excarcelados, mientras que 5 se encuentran prófugos de la justicia y más de 30 han fallecido antes de ser juzgados. La causa cuenta con 24 detenidos, de los cuales casi el 90% se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Marcos Paz.

El CELS, que actúa como querellante, también patrocina a las familias de Alejandra y Carmen Lapacó, Graciela Mellibovsky, Alicia Raquel D'Ambra, Lucía Cullen, Roberto Cristina, Abel H. Mateu Gallardo, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, María Teresa Trotta y Roberto Castelli, Irene I.Bellocchio y Rolando V. Pisoni, Ricardo Alejandro Aragón Tobar, Laura Feldman, Norberto Berner, Marío A. Lemos, Tomás Quinteros, Juan Patricio Maroni, Roberto Carri y Ana María Carusso, Virginia Isabel Cazalas, Carlos Alberto Giglio y Eduardo J. Cazalas.

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Es la causa en la que se investiga el llamado Plan Cóndor (Nº 13.445/99), conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

El 3 de septiembre de 2004 el juez Jorge Urso procesó a 18 ex militares, entre ellos Carlos Suárez Mason, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera Rovere, Bernardo Menéndez, Hugo Pascarelli, Eugenio Perelló, Ernesto Alais, Antonio Vañek, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Ramón Genaro Díaz Bessone, Héctor Flores, Carlos Tragant y Eduardo De Lío. En esta misma causa ya se encontraba procesado Jorge Rafael Videla. El 28 de septiembre de 2007, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7, Secretaría nº 14, dispuso la clausura de instrucción y consignó la elevación a juicio.

El CELS patrocina a los familiares de Norberto Habegger, Horacio Domingo Campiglia,Mónica Susana Pinus de Binstock, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu.

Actualmente existen 34 implicados en la causa, de los cuales 27 se encuentran procesados, y entre ellos 10 cumpliendo prisión preventiva por esta causa. El universo de detenidos, no obstante, consiste en 17 casos, pues muchos de los implicados se encuentran encarcelados por su participación en hechos relativos a otras causas que investigan crímenes del terrorismo de estado.


El CELS participa en algunas causas por hechos ocurridos en otras provincias.

En primer lugar, el CELS apoyó y acompañó la presentación de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad efectuada por la representante del SERPAJ Córdoba. En esta causa se investiga lo ocurrido bajo las órdenes del III Cuerpo del Ejército. La investigación está a cargo de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano.

Asimismo, interviene como querellante en la causa en la que se investiga la Masacre de Margarita Belén. Este hecho consistió en el fusilamiento de un grupo de prisioneros que se encontraban detenidos en la Alcaldía policial de Resistencia, Chaco, por personal que respondía operativamente a la VII Brigada de Infantería, a cargo de Cristino Nicolaides. Antes de la ejecución fueron brutalmente torturados. Los militares detenidos integran un listado de más de 30 personas denunciadas por el CELS "entre civiles e integrantes de las fuerzas militares y de seguridad" como responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y desaparición forzada de personas; homicidio y torturas. La causa tramita en el juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Carlos Rubén Skidelsky. A enero de 2009, se espera que este dé por finalizada la instrucción y disponga la elevación a juicio.

Por otra parte, desde el 2005, el CELS patrocina a las familias de Humberto Toschi, Rubén Bonet, Eduardo Cappello, Alberto Carlos del Rey, Susana Graciela Lesgart y Miguel Ángel Pólit, víctimas de la Masacre de Trelew. Este hecho ocurrió en la ciudad de Trelew el 22 de agosto de 1972. Ese día las autoridades políticas del gobierno de facto ordenaron la ejecución de los prisioneros y asesinaron a 16 de ellos. La causa tramita en el juzgado Federal de la ciudad de Rawson a cargo del Juez Federal Hugo Sastre.


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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

domingo, 1 de marzo de 2009

Más adhesiones...

Nuestros compañeros de la APDH Filial Rosario:

COMPAÑEROS, LES HACEMOS LLEGAR NUESTRA FUERZA A TRAVES DE UN FUERTE ABRAZO.
FELICITACIONES, PORQUE ES TODO UN LOGRO QUE SABEMOS CUANTO TRABAJO LLEVA!!


Norma Ríos - Presidenta
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

¿y Julio López?

Alta simulación.

Enviado por Juan Lenscak. PSR. Agencia de Noticias Padre Santiago Renevot.
http://www.revistachaque.com.ar/images/colombo%20requisitoria.jpg

Juan Carlos Colombo, hundido en sus recuerdos durante la requisitoria fiscal que aún no se pudo terminar de leer.

Panorama semanal

“Alta simulación”

Por Juan Lenscak

El juez Belfote, fue muy claro: “al Tribunal le ha llamado mucho la atención la versión que se comentó esta mañana en el sentido que se le había retirado la medicación para la hipertensión que coincidió con la iniciación del juicio y con el pico (de presión) arterial que ha tenido. Como firmemente vamos a tratar de evitar todo tipo de dilación que no sea necesaria y para determinar los verdaderos alcances sobre la situación de salud, hemos dispuesto que en el día de la fecha se constituyan médicos del Cuerpo Médico Forense en el domicilio donde está internado, a fin de elaborar una evaluación clínica sobre su salud, para estimar el tiempo necesario para continuar con el debate. Así mismo (el Cuerpo Médico Forense) se expedirá sobre qué medicación se le está proporcionando para la hipertensión; por qué le fue retirada –porque así lo refirió el propio imputado, y si dicha prescripción –de haberle retirado la medicación- es compatible con la situación de ser sometido a una situación de stres como es la de un juicio oral.” Con estas palabras abrió la sesión vespertina del miércoles 25 quien preside el Tribunal Oral Federal que juzga al dictador Colombo.

El concepto de “dilación no necesaria”, y la consecuente investigación sobre la falta de medicación en un momento de stres, que provocó la dilación del juicio hasta el 10 de marzo, llamaron poderosamente la atención a los presentes en la sala de audiencias.

A nadie escapa que todos los movimientos de las defensas de las principales espadas del Proceso de Reorganización Nacional, (en este caso se trata de un ex general de brigada del ejército argentino, y ex gobernador de un provincia fronteriza con Paraguay), están suficientemente planificados. Pensar lo contrario sería pecar de ingenuos frente a profesionales en la estrategia bélica. El ejemplo de Massera y de Trimarco tienen su analogía con el presente caso. Pero el de Formosa tiene características propias.

Se da en un momento en que los sectores de capital concentrado que avalaron y se beneficiaron con el terrorismo de estado, comienzan a recuperar la iniciativa boicoteando duramente la gestión de un gobierno popular, con la política del tero, alardeando por izquierda para resguardar sus nidos de ganancias por derecha. Aprovechan la coyuntura de crisis internacional, y de debilidad estructural de los sectores populares provocada precisamente durante la dictadura y posterior economía neoliberal, para su crecimiento político. Esta recuperación de la iniciativa de los grupos de capital concentrado, y la articulación de los nichos de resistencia al avance popular a través de la utilización de los medios de comunicación masiva, otorga a quienes fueron utilizados para sus fines durante la dictadura y ahora son juzgados, un hálito de esperanza.

Todo hace suponer que los diseñadores de estos nuevos desplantes patronales desestabilizadores a un gobierno que votaron mayoritariamente los trabajadores ocupados y desocupados, también necesiten tiempo. No es descabellado pensar que especulen con la muerte natural de los imputados, para no repetir el caso de Héctor Antonio Febres, ni tomar represalias y amedrentar como con Julio López.

La dilación constituiría la estrategia más sensata. Sobre todo para los que puedan sentir temores por las derivaciones judiciales si se conoce la verdad de los hechos con las complicidades que persisten, dado que la edad avanzada es un aliado inexorable de la tumba; sin los riesgos de operativos especiales preparados para los casos de Febres y Lopez.

Al principio, la actitud del octogenario general de brigada, con la cabeza gacha hundida en los hombros para oir el requerimiento fiscal daba la sensación de un hombre quebrado profundamente. Pero en los cuartos intermedios, comenzó a mostrar la hilacha, centrando el proceso en su estado de salud y no en el fondo de la cuestión.

Y fue evidente que así como hubo complicidades políticas e institucionales para que un juicio iniciado en 1984 llegue a la instancia oral en el 2009, se tejen sobradas sospechas sobre los fundamentos por los cuales no se lo trasladó a Formosa desde un inicio. También se sospecha sobre sus reales afecciones en la actualidad. Habida cuenta que el examen médico efectuado el día 25 por la tarde si bien reconocía su presión arterial, dejó claramente sentado que “no presentaba evidencias clínicas de complicaciones”(sic) Con lo cual la falta de medicación ante una situación de stress constituye la punta de un ovillo que, no pasó desapercibida ni para el juez. Mucho menos para el propio defensor quien afirmó ante el tribunal que el imputado no puede mantenerse sin dicha medicación permanente, por lo que negaba que el hecho hubiera ocurrido, contradiciendo las afirmaciones de su propio defendido.

Cuando la defensa del dictador propuso que se le practicara además de los exámenes neurológico y cardíaco, un nuevo examen psicológico, fue el propio juez que lo desestimó de plano. Volvieron a resonar en la memoria de los presentes las palabras iniciales del juez “vamos a tratar de evitar todo tipo de dilación que no sea necesaria”.

Las chicanas usadas para la dilación son burdas, pero el marco político en el que se dan no lo es. Por ello es de suponer que la querella, con aguda percepción, al intervenir en el debate, tuvo en cuenta además de las contradicciones de la defensa, la de los partes médicos, y la propia actitud del imputado; que Juan Carlos Colombo lideró y se siente representado por un proyecto de país conducido por la misma Sociedad Rural que avaló las atrocidades que hoy se juzgan; proyecto que aparece reciclado y con una agresiva iniciativa política contra el actual gobierno popular, por lo cual no tuvo dudas en caracterizar los picos de hipertensión del imputado, no solo como “maniobra de dilación” como lo hizo el juez, sino que le agregó la calificación “de alta simulación” destacando no la excelencia de una sobreactuación a todas luces deficiente, sino la finalidad de la misma por su connotación profundamente política.

Juan E. Lenscak.